Elecciones, cambio político y reforma constitucional en Nicaragua

Martínez Sierra, José Manuel

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P R I M A V E R A

2 0 0 8

ELECCIONES, CAMBIO POLÍTICO Y

REFORMA CONSTITUCIONAL EN NICARAGUA

José Manuel Martínez Sierra*

SUMARIO

1. Introducción

2. El contexto del proceso electoral del 5 de noviembre de 2006

2.1. Realidad sociopolítica

2.2. Marco jurídico del proceso electoral

2.3. Sistema electoral

2.4. Poder electoral

2.5. El procedimiento de escrutinio

3. El momento preelectoral

3.1. Candidaturas y campaña electoral

3.2. Las encuestas preelectorales

3.3. La vulneración del silencio electoral

3.4. La injerencia extranjera

4. La jornada electoral

4.1. Transcurso de la jornada electoral

4.2. Los observadores electorales

5. Resultados electorales

6. Interpretación de los resultados electorales

6.1. Elecciones a la presidencia y vicepresidencia de la República

6.2. Elecciones a diputados de la Asamblea Nacional, en la circunscripción

nacional y en las circunscripciones departamentales y regiones autónomas

6.3. Relaciones exteriores y política económica

7. Reforma constitucional

7.1. La reforma constitucional realizada

7.2. La reforma constitucional futurible

8. Conclusiones

* Profesor titular de derecho constitucional. Catedrático “Jean Monnet” de derecho constitucional

europeo, Universidad Complutense de Madrid.

120

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

1. I

NTRODUCCIÓN

Hoy hay dos proyectos claros para la Latinoamérica constitucional y po-

lítica: la representada por la “revolución constitucional” y la continuista

que se encuentra posicionada frente a ella hasta el punto de demonizarla.

La “revolución constitucional” entiende que los males que acucian a Lati-

noamérica, como endémicos y estructurales, solamente podrían resolverse

a través de un proceso de cambio radical: que se aparte nítidamente de

la alternancia de los partidos e intereses tradicionales y que se apoye en

una reforma constitucional e institucional que pase del alfa al omega: que

constitucionalice y/o sitúe al débil, mayoritario y marginado histórico y

presente, a la sazón, como soberano y horizonte del cambio. En casi todos

los países hay fuerzas políticas que asumen este proyecto y, en un número

considerable, más que nunca en la historia, dichas fuerzas asumen o han

estado cerca —con o sin fraude electoral— de alcanzar el poder.

En la realidad, con inﬂuencia de esas dos visiones, se puede dividir

Latinoamérica en dos bloques. De un lado, aquel en el que no se ha pro-

ducido cambio político real y se ha profundizado la línea política existente

(Perú con Alan García o México con Felipe Calderón); aquel otro en el que

simplemente se ha producido alternancia política formal que, si bien apa-

rentemente importante en términos ideológicos, mantiene la marea estruc-

tural de poderes e intereses, y adjetivalmente postula un giro social (Brasil

RESUMEN

El presente trabajo estudia el cambio po-

lítico y la reforma constitucional —pasada

y prevista— de Nicaragua en el contexto

de polarización de proyectos que vive La-

tinoamérica: el representado por la “re-

volución constitucional” y el continuista.

Dicho estudio apunta, en su introducción,

las variables esenciales que juegan a fa-

vor y en contra del cambio político en

Latinoamérica; posteriormente describe

el proceso de cambio —previo, durante y

tras las elecciones—; finalmente concluye

extrayendo las variables comunes de las

específicas de Nicaragua.

ABSTRACT

The present work studies the political

change and the constitutional reformation

—passing and foreseen— of Nicaragua in

the context of polarization of projects that

Latin America lives: the represented one for

the “constitutional revolution” and the rep-

resented one for the continuity. This study

points, in its introduction, the essential

variables that play to favor and against the

political change in Latin America; later on it

describes the process of change —previous,

during and after the elections—; ﬁnally it

concludes extracting the variable comune-

ses of the speciﬁc ones of Nicaragua.

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2 0 0 8

con Lula, Uruguay con Tabaré, o Chile, con Lagos o Bachelet); aquel otro

también donde

formalmente no se produjo una alternancia partitocrática

pero,

de facto

, se han realizado políticas y posicionamientos que suponen

un cambio mayor que el de los bloques precedentes (la Argentina de Kirs-

chner); por último, aquel nutrido por países que han iniciado un proceso

de “revolución constitucional”, en los que claramente se encuentran, por

orden alfabético, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

No es necesario ser un experto en Latinoamérica para saber que los

intereses políticos y económicos de siempre quieren que las cosas sigan

como siempre. Para conseguir tal ﬁn, las armas son las de siempre. En-

tre ellas destacan, en los últimos tiempos, dos: la “neutralización” de los

partidos revolucionarios de izquierda históricos y la soﬁsticación de la

(des)legitimación electoral.

La “neutralización” de los partidos revolucionarios de izquierda histó-

ricos es la forma más eﬁcaz para amortiguar la incesante rebelión de los

pueblos latinoamericanos. La revolución constitucional, como hemos di-

cho, aunque no se garantice con ello, debe pasar, en buena medida, por la

no contaminación del proceso por los partidos de gobierno tradicionales,

títeres de la alternancia del cambio formal para que todo siga igual. La no

contaminación y éxito del proceso se desenvuelve mejor con los procesos

de ruptura radical con el sistema de partidos/intereses tradicionales, como

ha ocurrido en Venezuela, Ecuador y, con algunos matices, en Bolivia. Lo

mismo habría ocurrido en Perú, aunque entiendo que no en México con el

PRD

de López Obrador en aquel momento histórico; cuestión distinta sería

en el futuro, después de la radicalización que ha sufrido el partido, y su

líder, tras el engaño estadunidense y el fraude electoral.

Estos movimientos alternativos enérgicos no han crecido donde la al-

ternancia nunca se produjo o mantenía visos de ser real, estoy pensando

en el

de Lula y el Frente Sandinista de Daniel Ortega. Como sobre este

segundo versa el artículo, me pronuncio aquí solamente sobre el primero.

En mi opinión personal, el fraude histórico a la alternancia que han sig-

niﬁcado el

brasileño y Lula da Silva debe interpretarse sustantivamente

por la neutralización de su energía transformadora en el largo y sinuoso

camino hacia el poder: las connivencias con el poder tradicional, político y

económico, en poderes públicos estatales y locales; las transas con grupos

económicos del propio proyecto Lula en cada proceso electoral perdido; la

ﬂexibilización de los principios en el viaje al vivero de votos del centro; y

el propio desgaste interno del

por ser la eterna alternativa.

122

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

Sin entrar en profundidades que nos alejen del tema central, el resul-

tado es que la ilusión del cambio por llegar que signiﬁcaba el

, que pese

a todo se mantuvo hasta en los miembros críticos que aguantaron hasta

ver las acciones del gobierno y ahí formaron el

PSOL

, va a provocar que se

pierdan cuando menos tres mandatos de esperanza (dos de Lula y el del

retorno a la alternancia). A ello se añade que dichos años, por la coinci-

dencia con otros procesos, serán irrepetibles.

Respecto a la segunda cuestión, hablo de (des)legitimación electoral,

pues el proceso por el cual se intenta impedir el acceso al poder de mo-

vimientos no deseados es una combinación que, junto a la plétora de

mecanismos de fraude electoral, se acompasa, por delante y por detrás del

momento electoral, con el proceso de (des)legitimación electoral que se

articula esencialmente a través de la observación electoral y la tergiver-

sación mediática.

Hay serias dudas de que los presidentes electos en México y Perú sean

los que ganaron las elecciones, como pasó en los Estados Unidos en el

primer mandato de George W. Bush. Los datos y la convicción de fraude

llevaron al líder del proyecto del cambio, Andrés Manuel López Obrador,

y a los partidos de su coalición, particularmente al suyo, el

PRD

, a una es-

trategia que anteponía la legitimad a la legalidad formal y el engaño. Si

México y Perú hubiesen caído del lado democrático, ¿dónde estaríamos?

Todo lo dicho aquí pone de maniﬁesto que el cambio político real ne-

cesario en Latinoamérica no pasa por la alternancia, sino por la revolución

constitucional, y que ésta pasa por las elecciones y, previamente, por el

agotamiento hasta el tuétano de la alternancia tradicional.

Nicaragua es un escenario en el que se ven todas las piezas del

puzzle

Hemos tenido unas elecciones, seguidas de una reforma constitucional e

institucional, en las que resultó vencedor el Frente Sandinista, de Daniel

Ortega, que mantenía visos de ser una alternativa real y, en consecuencia,

activó las alarmas reaccionarias. El presente artículo pretende analizar este

teatro de operaciones y ver qué enseñanzas pueden extraerse de cara a la

reﬂexión general que da cuerpo a esta introducción.

Las elecciones presidenciales y legislativas se celebraron el 5 de no-

viembre de 2006 en la República de Nicaragua. En ellas se elegían presi-

dente y vicepresidente del gobierno, diputados a la Asamblea Nacional y

Para mayor detalle sobre esta cuestión, Cfr. J. M. Martínez Sierra, “La gobernabilidad democrática

entre el constitucionalismo y la politología”,

Memoria del Seminario Internacional “Gobernabilidad

Democrática

, Ed. Gobierno de Oaxaca, México, 2007, pp. 85-108.

123

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diputados al Parlamento Centroamericano. De estas votaciones, la elección

del presidente era la que

a priori

resultaba más relevante, dado el corte

presidencialista del sistema político nicaragüense; sin embargo, la reforma

constitucional, que determinó entre otros una rebaja en el porcentaje de

votos necesario para alcanzar la presidencia, conﬁrió una importancia

sobrevenida a la composición de la Asamblea Nacional, al convertir el

sistema político en semiparlamentario/semipresidencialista, como expli-

caremos a lo largo de este texto.

El presente artículo, en primer lugar, pone en contexto el proceso elec-

toral del 5 de noviembre de 2006. Esta contextualización se hace a través

de una exposición de la realidad sociopolítica, del marco legal en el que

se desenvuelve, del sistema electoral que se aplica y del funcionamiento

de la administración electoral. A continuación se procede a la descripción

del panorama electoral previo a la celebración de las elecciones, desta-

cando los hechos más controvertidos que sucedieron en el transcurso de

la campaña: la ruptura del silencio electoral en determinados medios de

comunicación nicaragüenses y la injerencia de los Estados Unidos en el

proceso electoral. En tercer lugar se procede a la valoración de la jornada

electoral y se revisa la labor desempeñada y los informes emitidos por

organismos nacionales e internacionales que desplegaron observadores.

Seguidamente se exponen los resultados ﬁnales, que otorgaron la presi-

dencia de la República en primera vuelta a Daniel Ortega, líder del partido

sandinista (

FSLN

), y se efectúa un análisis de dichos resultados. Por último,

con carácter previo a las conclusiones ﬁnales, se aborda la cuestión de la

reforma constitucional, tanto la realizada con carácter previo al proceso

como la que se ha venido apuntando en los primeros meses del gobierno

sandinista.

2. E

CONTEXTO

DEL

PROCESO

ELECTORAL

DEL

NOVIEMBRE

2006

2.1. R

EALIDAD

SOCIOPOLÍTICA

Nicaragua es uno de los países menos poblados del continente americano,

con una densidad demográﬁca de apenas 43 habitantes por km

, que se

concentran principalmente en la mitad occidental del país y se reparten

casi por igual entre las zonas urbanas (57%) y las rurales (43%). El 77%

de los nicaragüenses son mestizos, un 6% blancos, un 9% negros, y son

indígenas el 8% restante. Su población, según el censo de 2005, asciende

124

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

a 5,142,098 habitantes. De ellos, componían el padrón de votantes para las

elecciones del 5 de noviembre un total de 3,665,141 (ver tabla 1), de los

cuales, como se muestra en la mencionada tabla, ﬁnalmente acudieron a

las urnas 2,244,215 votantes, lo que supone una participación del 61.23%.

Administrativamente, el territorio de Nicaragua está dividido en quince

departamentos y dos regiones autónomas (ver tabla 1), con un total de

153 municipios en el nivel de la administración local. Managua es la ca-

pital administrativa del país, y también la ciudad donde se concentra casi

el 20% del total de la población (según el censo de 2006, la población de

Managua asciende a 937,489 habitantes). Otras ciudades importantes son

León, Masaya, Matagalpa y Granada.

ABLA

1: Población electoral

Departamento

Centros

JRV

Padrón electoral

Votos*

Boaco

190

358

108387

57089

Carazo

144

368

121084

76031

Chinandega

345

886

286380

174259

Chontales

196

386

117404

74383

Estela

210

491

150017

102575

Granada

144

392

127585

81855

Jinotega

280

648

204172

133704

León

369

885

275522

165019

Madriz

135

284

89337

68003

Managua

605

2665

947337

605041

Masaya

154

587

202968

135815

Matagalpa

440

991

307970

186622

Nueva Segovia

194

434

136655

85470

RAAN

298

589

181435

77088

RAAS

349

694

213551

103577

Río San Juan

212

68948

39799

Rivas

164

404

126389

77885

Total

4296

11274

3665141

2244215

* Tipo de elección: Presidente y vicepresidente; última actualización: 7 de noviembre de 2006.

Fuente: Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (www.cse.gob.ni/).

125

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2.2. M

ARCO

JURÍDICO

DEL

PROCESO

ELECTORAL

Las tres normas principales de aplicación son:

— La Constitución Política de la República de Nicaragua

de 1987, con sus

sucesivas reformas.

—

La Ley Electoral

, Ley No. 331, de 19 de enero de 2000.

—

La Ley de Identiﬁcación Ciudadana,

Ley No. 152, de 5 de marzo de

1993.

Además de las tres grandes normas precitadas, hay toda una serie de

normas y disposiciones de rango infralegal, así como protocolos de actua-

ción, que terminan de conformar el marco jurídico de las elecciones del 5

de noviembre, a saber: la Normativa de Impugnaciones, el Reglamento de

Ética Electoral, las Normativas de Fiscales y de Representantes de Partidos,

las Normas para la Administración del Financiamiento, Normas de Proce-

dimiento sobre Peticiones, Quejas, Denuncias durante Campaña Electoral

2006, el Reglamento de Observación, el Calendario Electoral para Elec-

ciones Nacionales 2006, la Convocatoria a Elecciones Nacionales 2006, y,

por último, cabe citar la jrv, que es el documento que utilizaron el día de

las elecciones los miembros de las Juntas Receptoras de Voto, es decir, el

equivalente a las mesas electorales.

2.3. S

ISTEMA

ELECTORAL

En las elecciones del 5 de noviembre de 2006 los nicaragüenses estaban

convocados a elegir presidente y vicepresidente de la República, 90 dipu-

tados (20 nacionales y 70 departamentales) y 20 diputados del Parlacén

(Parlamento Centroamericano www.parlacen.org.gt/).

a) La elección de presidente y vicepresidente se realiza con elección

directa, por sistema uninominal mayoritario a doble vuelta y con circuns-

cripción nacional. La Constitución, tras la reforma llevada a cabo en el año

2000, estipula que es necesario obtener un mínimo del 35% de votos, siem-

Como se analiza posteriormente, es especialmente relevante la reforma constitucional realizada por

Ley No. 330, de 19 de enero de 2000, de Reforma parcial a la Constitución Política de la Republica de

Nicaragua. Su importancia reside en que, entre otras modiﬁcaciones, teniendo especial relevancia en

lo aquí analizado, dicha reforma altera a la baja el porcentaje de votos necesario para alzarse con la

presidencia de la República.

Para una visión comparada del mismo, ver J. M. Martínez Sierra, “Los sistemas electorales desde una

perspectiva comparada”,

IUS

, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, No. 18, 2007, pp.

20-38.

126

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

pre que se supere en un 5% al segundo candidato más votado, o en todo

caso si se obtiene el 40%.

En el supuesto de no alcanzar estos porcentajes,

está prevista la realización de una segunda vuelta en un plazo de 45 días;

en ella pueden concurrir únicamente las dos candidaturas más votadas.

En esta segunda vuelta rige la mayoría simple estricta: resultará elegido

el que obtenga mayor número de votos con independencia el porcentaje

alcanzado y la diferencia de votos respecto del segundo candidato.

b) En cuanto a la elección de diputados a la Asamblea Nacional, el

reparto de escaños entre las fuerzas políticas se hace de acuerdo con el

siguiente sistema de representación proporcional:

— En cuanto a los 20 diputados de carácter nacional,

su elección se

determina mediante un sistema de representación proporcional por co-

ciente electoral nacional. Dicho cociente, según dispone la Ley Electoral

vigente

se determina dividiendo por 20 el número total de votos váli-

dos, dado que 20 es el número de escaños en juego en la circunscripción

nacional. Una vez hallado el cociente, se asignan a cada partido tantos

escaños como veces alcance el cociente electoral nacional. Posteriormen-

te, y dado que se utiliza un

sistema de lista cerrada,

resultan elegidos

de cada lista los primeros candidatos a diputados propietarios, con sus

correspondientes suplentes, hasta completar el número de escaños obte-

nido por la lista.

— Los escaños no repartidos se asignan por el sistema de la media ma-

yor, a saber: se ordenan de nuevo los votos obtenidos por cada partido de

mayor a menor y el siguiente escaño se asignará al partido que obtenga la

media mayor, la cual se halla dividiendo el número de votos válidos obte-

nidos por cada partido entre el número de escaños obtenidos a través de la

operación del cociente más uno. Esta operación se repetirá sucesivamente

hasta que se complete el número total de escaños.

— Los 20 diputados departamentales se reparten territorialmente del

modo que se recoge en la tabla 2 entre las quince provincias y las dos re-

giones autónomas (la Región Autónoma del Atlántico Norte,

RAAN

, y la del

Atlántico Sur,

RASS

) que componen el mapa político de Nicaragua:

Art. 147, primer párrafo.

Art. 146 de la Ley Electoral, Ley No. 331 de 19 de enero de 2000.

127

I U S 2 1

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2 0 0 8

ABLA

2: Reparto de diputados por departamentos

Departamento

Diputados

Departamento

Diputados

Boaco

Managua

Carazo

Masaya

Chinandega

Matagalpa

Chontales

Nueva Segovia

Estela

RAAN

Granada

RAAS

Jinotega

Río San Juan

León

Rivas

Madriz

Total

Fuente: Elaboración propia.

La asignación de escaños por circunscripción departamental sigue la

misma fórmula del cociente electoral, pero aquí en relación con los dipu-

tados a elegir en el nivel departamental y regional. Por lo tanto, el cociente

electoral en este caso será el derivado de dividir el total de los votos váli-

dos emitidos en el departamento o la región autónoma entre el número de

escaños que le corresponden (ver tabla 2).

En la circunscripción donde se elige sólo a un diputado (Río San Juan),

si ningún partido o alianza alcanza el cociente electoral, el escaño dis-

putado corresponde al que obtuvo la mayoría de los votos válidos en

la circunscripción. En el mismo caso, si dos o más partidos empatan en

número de votos, le corresponde el escaño al partido más votado a nivel

nacional.

En las circunscripciones en donde se eligen dos diputados (Boaco, Ma-

driz, Nueva Segovia, Rivas y

RAAS

) y ningún partido o alianza alcanza el

cociente electoral, se le otorgarán los escaños a las dos listas más votadas,

un diputado para cada partido. En caso de que uno de los candidatos hu-

biera completado un cociente electoral y obtuviera un diputado, el otro

escaño se le otorgará al partido que obtuvo la siguiente mayor votación.

Igual ocurre en el caso de los diputados por circunscripción nacional:

se declaran electos los primeros de la lista, hasta alcanzar el número de

escaños obtenidos por cada partido, y los escaños que falten se distribuyen

a los que resulten con la media mayor.

128

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

c) Los 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano

se eligen por

circunscripción nacional en la misma fecha de la primera vuelta de las

elecciones del presidente y vicepresidente de la República, y el reparto de

escaños entre partidos sigue el mismo mecanismo que el utilizado para los

diputados de carácter nacional, según disponen los artículos 150 y 151 de

la Ley Electoral.

2.4. P

ODER

ELECTORAL

Está integrado por el Consejo Supremo Electoral (

e) (Www.cse.gob.ni/)

y los demás organismos electorales subordinados (Art. 169, Constitución),

es decir, los consejos electorales descentralizados a nivel departamental o

regional y local, y las Juntas Receptoras de Votos (

JRV

— Consejo Supremo Electoral:

CSE

está compuesto por “siete Magistrados propietarios y tres Magis-

trados suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional de listas separadas

propuestas por el presidente de la República y por los diputados de la

Asamblea Nacional, en consulta con las Asociaciones Civiles pertinen-

tes” (Art. 6, Ley Electoral). Resultado de los pactos entre fuerzas políticas,

la composición actual del

CSE

es de cuatro miembros propuestos por los

liberales: el presidente Roberto Rivas y los magistrados Luis Benavides,

René Herrera y José Marenco; y los otros tres magistrados propietarios,

propuestos por el

FSLN

: el vicepresidente del

CSE

Emmet Lang, y los magis-

trados José Luis Villavicencio y José Miguel Córdoba. Estos magistrados

son elegidos por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegidos, como

ha sucedido tanto en el caso de los tres magistrados sandinistas como en

el del propio Rivas, presidente del

CSE

Según el Art. 173 de la Constitución de la República de Nicaragua, al

CSE

le corresponden las siguientes

atribuciones:

1. Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se convoquen de acuerdo con lo esta-

blecido en la Constitución y en la ley.

2. Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales de acuerdo con la Ley Electoral.

3. Elaborar el calendario electoral.

4. Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso electoral. Asimismo velar sobre

el cumplimiento de dichas disposiciones por los candidatos que participen en las elecciones generales

y municipales. En el caso de las elecciones municipales, para ser electo Alcalde, Vice-Alcalde y Concejal

requiere haber residido o trabajado en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la elec-

ción, salvo que cumpliere Misiones Diplomáticas o estudio en el extranjero. Además, se requiere haber

residido en forma continuada los dos últimos años en el municipio por el cual se pretende salir electo.

5. Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales su-

bordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.

6. Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos elec-

129

I U S 2 1

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— Consejos electorales descentralizados en los distintos niveles admi-

nistrativos:

En primer lugar, existen quince Consejos Electorales Departamentales

(

CED

), uno en cada uno de los quince departamentos de la República. El

equivalente en cada una de las dos regiones autónomas (la Región Autó-

noma del Atlántico Norte y para la Región Autónoma del Atlántico Sur)

son los Consejos Electorales Regionales (

CER

). Por último, en cada uno de

los 153 municipios del país existe un Consejo Electoral Municipal (

CEM

— Juntas Receptoras de Votos:

Son el equivalente a las mesas electorales. La Ley Electoral en su Art. 32

dispone que deben establecerse en número suﬁciente en cada municipio y

que podrán votar en cada

JRV

como máximo 400 electores. De igual forma,

el citado artículo de la Ley Electoral dispone que las

JRV

se instalarán, con

carácter general, en centros escolares, casas comunales y ediﬁcios públi-

cos. Asimismo, y en cuanto a las condiciones de estas mesas en las que los

ciudadanos ejercitan su derecho al sufragio, el Consejo Supremo Electoral

debe garantizar en cada

JRV

al menos dos recintos de votación, es decir,

dos cabinas que garanticen el voto secreto, siempre que las condiciones

del lugar lo permitan.

En cuanto a la composición de las mesas, estarán integradas por un

presidente y tres miembros, con sus respectivos suplentes (Art. 24, Ley

Electoral), todos ellos nombrados por el correspondiente Consejo Electoral

Municipal (Art. 25, Ley Electoral). Resulta llamativo que la designación de

los miembros de las

JRV

, según el procedimiento descrito en el Art. 16 de la

torales se desarrollen en condiciones de plena garantía.

7. Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad para los partidos políticos

participantes en las elecciones.

8. Efectuar el escrutinio deﬁnitivo de los sufragios emitidos en las elecciones, plebiscitos y referendos,

y hacer la declaratoria deﬁnitiva de los resultados.

9. Dictar su propio reglamento.

10. Organizar bajo su dependencia el Registro Central del Estado Civil de las Personas, la cedulación

ciudadana y el padrón electoral.

11. Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos, a las agrupaciones que cumplan los requi-

sitos establecidos en la ley.

12. Cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos que no obtengan al menos un cuatro por

ciento del total de votos válidos en las elecciones de autoridades generales, y cancelar o suspender la

misma en los otros casos que regula la ley de la materia.

13. Vigilar y resolver los conﬂictos sobre la legitimidad de los representantes y directivos de los partidos

políticos y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se reﬁeran a los partidos políticos, sus

estatutos y reglamentos.

14. Las demás que le conﬁeran la Constitución y las leyes.

De las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no habrá recurso alguno, ordinario ni

extraordinario.

130

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

Ley Electoral, corresponde a los partidos políticos en el siguiente sentido:

el presidente, el primer miembro y los suplentes de ambos se nombran

alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el

primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan

celebrado, con base en ternas presentadas por dichos partidos. Estos par-

tidos son el Partido Liberal Constitucionalista (

PLC

) y el Frente Sandinista

de Liberación Nacional (

FSLN

). La Ley electoral no especiﬁca cómo se deben

repartir las posiciones del segundo miembro de las

JRV

entre los demás par-

tidos, y sólo establece que se tomará en cuenta el pluralismo político.

El número de Juntas Receptoras de Votos en las elecciones del 5 de noviem-

bre ascendió a 11,274, ubicadas en 4,296 Centros de Votación (ver

tabla 1).

2.5. E

PROCEDIMIENTO

ESCRUTINIO

El escrutinio se centraliza por el Centro Nacional de Cómputos (

CNC

) del

Consejo Supremo Electoral, según dispone el Art. 188 de la Ley Electoral.

Los presidentes de cada uno de los 153 Consejos Municipales Electora-

les son los únicos autorizados para la transmisión al

CNC

de las actas de

votación expedidas por las respectivas Juntas Receptoras de Votos. Esta

transmisión se realiza alternativamente a través de tres vías: intranet, red

pública de fax y satélite.

Los datos de las actas llegan como imágenes al servidor del área de

transmisión del

CNC

, servidor que se administra por la empresa de telefonía

del país, que es privada y española (Telefónica). Ese proceso de volcado de

datos es vigilado en todo momento por funcionarios del

CSE

y por ﬁscales

de los distintos partidos políticos. Desde ese servidor privado, los datos son

trasladados a otro servidor, que esta vez es público, del

CSE

, siendo archi-

vados como un back-up los datos inicialmente recibidos de la operadora

privada, para eventuales controles posteriores.

El área de cómputo del

CNC

está integrada por cuatro departamentos:

— En el departamento de recepción es donde se incorporan todos los

datos: boletas (papeletas) entregadas, las no utilizadas, las utilizadas, votos

nulos, votos válidos, etc. El

software

empleado realiza un chequeo conti-

nuo de todas las sumas, de modo que, si existen inconsistencias aritméti-

cas, las detecta y las comunica. Los funcionarios del

CNC

revisan las sumas

y analizan la inconsistencia, de modo que si el error no es imputable a los

sistemas del

CNC

, sino que procede de la propia

JRV

, no se corrige, sino que

se comunica a los ﬁscales.

131

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

— El departamento de veriﬁcación realiza una nueva captura de datos

totalmente independiente, en cuyo proceso se lleva a cabo una veriﬁ-

cación paralela: si los datos no coinciden con los de la primera captura,

el programa avisa, sin precisar dónde está el error (para evitar correc-

ciones

ad hoc

); se chequean de nuevo los datos para determinar si la

incongruencia se debe a un error en este paso del proceso, en cuyo caso

se corrige, o, en caso contrario, los datos se pasan al departamento de

control de calidad.

— Normalmente no se acude a este paso de control de calidad, sino sólo

cuando se han detectado incongruencias entre los datos capturados en los

pasos primero y segundo. Por ejemplo, un error típico podría ser que el

software

detectara en el proceso de veriﬁcación que en una

JRV

han votado

más de 400 electores, mientras que en el proceso de recepción el recuento

de electores de esa junta no superase el máximo legal. Una vez en el de-

partamento de control de la calidad, si de las comprobaciones practicadas

resultase que los datos cuadran, entonces ya estarían listos para su archivo

y para ser comunicados a los ﬁscales. En ningún proceso electoral anterior

ha sucedido que haya persistido la incongruencia sin que el departamento

de control de calidad haya podido determinar qué captura de datos, la

primera o la segunda, era la acertada.

— Por último, se produce la fase de archivo

de los datos escrutados. Es

muy importante destacar que, además de este archivo deﬁnitivo, en cada

uno de los pasos que siguen los datos desde su recepción se hace un nuevo

registro, una copia, es decir, no se destruyen por solapamiento los datos

de las fases anteriores a lo largo del proceso. Por otra parte, estos archivos

sucesivos posibilitan que se pueda seguir el

iter

completo de cada acta,

paso a paso, sabiendo qué operador manejó los datos en cada momento,

de manera que el proceso es transparente y los datos están preparados para

cualquier auditoría.

En relación con la comunicación de los datos capturados a los ﬁscales,

éstos reciben las actas una vez escrutadas en tiempo casi real: con un

minuto de diferencia. Los ﬁscales tienen la llamada “opción histórica”: el

sistema, cada media hora, saca una imagen de los datos, de modo que no

se pueden modiﬁcar estos datos así fotograﬁados. Esto signiﬁca que un

ﬁscal puede checar cómo estaba el acta a las 7:00, a las 7:30, a las 8:00 y

así sucesivamente. Además, a los ﬁscales periódicamente se les entrega un

dossier

con datos agregados por municipios, por departamentos y a nivel

nacional.

132

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

3. E

MOMENTO

PREELECTORAL

3.1. C

ANDIDATURAS

CAMPAÑA

ELECTORAL

Con carácter previo hay que apuntar que los partidos que tenían represen-

tación parlamentaria en la Asamblea Nacional en las elecciones anteriores

fueron: el Partido Liberal Constitucionalista, con 41 diputados, el Frente

Sandinista de Liberación Nacional, con 39 diputados, Alianza Liberal Ni-

caragüense (

ALN

), con nueve escaños, y Alternativa por el Cambio (

), con

un diputado.

A estas elecciones de 2006 se presentaron cinco partidos políticos: los

cuatro mencionados anteriormente, es decir:

PLC

FSLN

ALN

, más un

nuevo partido, resultado de una escisión del Frente Sandinista: el Mo-

vimiento de Renovación Sandinista (

MRS

). Los candidatos a presidente y

vicepresidente de la República presentados a las presidenciales por cada

uno de estos partidos eran los que se muestran en la tabla 3:

ABLA

3: Candidaturas a presidente y vicepresidente de la República

Partido

Presidente

Vicepresidente

PLC

José Rizo

José Antonio Alvarado

FSLN

Daniel Ortega

Jaime Morales Carazo

ALN

Eduardo Montealegre

Fabricio Octavio Cajina

Edén Pastora

Mercedes Tenorio

MRS

Edmundo Jarquín

Carlos Mejía Godoy

La campaña electoral estuvo presidida por la estrategia del miedo orques-

tada por los oponentes al

FSLN

. Los recuerdos de la guerra que se llevó

a cabo durante el régimen sandinista entre 1979-1990, y de los 50,000

jóvenes que murieron en ese periodo de defensa de la Revolución, fue el

lema principal de la

ALN

de Montealegre. Esta orientación fue respaldada

masivamente por los medios de comunicación, que no paraban de proyec-

tar imágenes de mujeres llorando la muerte de sus hijos en el campo de

batalla contra unidades militares del ejército constituido y abastecido por

los Estados Unidos.

133

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

En mi calidad de observador electoral, pude constatar el ambiente de

intoxicación desinformativa que se vivía en los medios en los días anterio-

res a las elecciones. Como comentaremos enseguida, el respeto del silencio

electoral impide que los partidos en lid acudan a los medios de comuni-

cación en los tres días previos a la votación; sin embargo, y además de

otras vulneraciones más ﬂagrantes, las televisiones y las emisoras de radio

recibían sospechosamente continuas llamadas de espectadores que repe-

tían una y otra vez las mismas consignas, del tipo: “la victoria del Frente

supondría otra vez el servicio militar obligatorio”, “se llevarán a nuestros

hijos a combatir a Irak”, “los Estados Unidos y toda la comunidad inter-

nacional nos darán las espalda”, “los inversores internacionales huirán de

Nicaragua y la economía se desplomará”, etcétera.

Ortega, que gobernó el país entre 1979 y 1990, primero como miembro

de una junta revolucionaria tras el derrocamiento de la dictadura somo-

cista, y luego como presidente elegido democráticamente en 1985, disputa

por tercera vez la presidencia desde 1990, cuando fue derrotado por Violeta

Chamorro. Luego perdió en 1996 con Arnoldo Alemán, ahora condenado

a 20 años de prisión por corrupción, y en 2001 ante el actual mandatario

Enrique Bolaños. Durante el gobierno de Daniel Ortega, Washington aplicó

un embargo comercial a Nicaragua y ﬁnanció a las guerrillas contrarrevo-

lucionarias, “la contra”, que intentaron derrocar por las armas al régimen

sandinista. Diez años de guerra civil dejaron más de 50,000 muertos y mi-

les de millones de dólares en pérdidas económicas. Precisamente el miedo

a la guerra y al desastre económico es lo que excitaron sus contendientes

a lo largo de toda la campaña.

Como respuesta a la estrategia de crispación y miedo protagonizada por

sus oponentes, la desarrollada por el

FSLN

, cuya jefa de campaña, Rosario

Murillo, era la esposa del candidato presidencial, fue una estrategia de

reconciliación nacional, dejando a un lado los mensajes revolucionarios

y cualquier viso de radicalidad. Como datos gráﬁcos de lo dicho, cabe

destacar el nuevo

marketing

político del Frente, que abandonó en los sím-

bolos de campaña los tradicionales colores rojo y negro, de modo que las

camisetas, las gorras, etc., eran de color fucsia. Asimismo, la canción de la

campaña del

FSLN

era una versión en español de la canción de John Lennon

“Give peace a chance”, cuyo estribillo repetía insistentemente mensajes

de paz y reconciliación. También incluía estrofas recitadas a ritmo de

hip-hop destinadas a captar el voto de la nueva generación de jóvenes,

que no recuerdan la guerra, ni recuerdan la época que gobernó Ortega; en

134

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

consecuencia no eran presa fácil de la política del miedo. Hay que tener

en cuenta que, de los 5.2 millones de nicaragüenses, las tres cuartas partes

son menores de 30 años; además, aproximadamente la mitad del padrón

electoral, está integrado por personas en edades comprendidas entre los

y los 30 años, segmento poblacional desatendido por las políticas de

los gobiernos anteriores.

Pero la estética de campaña y el

marketing

electoral del Frente fueron

solamente la punta del iceberg de la reubicación de éste, en su discurso

y en posiciones políticas concretas, en su afán de sacar a los electores

del miedo y la desconﬁanza. La nueva estrategia asumía la necesidad de

simbolizar con transacciones reales la solidez del cambio, con ello, pre-

sumiblemente, se evitaría que la intensiﬁcación ﬁnal de la campaña del

descrédito y el miedo, como en elecciones precedentes, transformara la

victoria en las encuestas en derrota en las urnas. Esta estrategia ha tenido

dos planos destacados: el económico y el religioso.

En el plano económico, el gesto más claro fue la elección de Jaime

Morales Carazo como candidato a vicepresidente, frente a la elección de

un sandinista histórico. Jaime Morales es un banquero y empresario bien

valorado por posiciones liberales, que procede del mundo ﬁnanciero y

no tiene ninguna tradición sandinista. Junto con su elección se enfatizó

que, de ganar las elecciones, sería el encargado de coordinar toda el área

económica del gobierno.

Respecto a las señales al voto conservador y al

lobby

católico, destacó la

participación determinante del

FSLN

en la aprobación de la ley que elimina

el aborto terapéutico, vigente desde hace más de cien años en la legislación

nicaragüense. Dicha ley, que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia

al eliminar el artículo 165 del Código Penal, fue aprobada con los votos de

todos los grupos parlamentarios excepto los de los diputados del

MRS

(parte

de la bandada del

FSLN

), por lo tanto también con los votos sandinistas.

Dicha aprobación, que se produjo el 26 de octubre, a punto de acabar la

legislatura y en plena campaña electoral, no solamente demuestra el giro

ideológico del Frente sino la estrategia electoral de concesión a los poderes

fácticos durante el periodo más sensible de la larga carrera electoral. Este

voto granjeó a Ortega el apoyo de la Iglesia, manifestado explícitamente

tanto por el cardenal Obando y Bravo, único cardenal nicaragüense de la

iglesia católica, como por el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.

En Nicaragua se adquiere el derecho de sufragio activo al cumplir los 16 años (Art. 47 Constitución).

135

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

3.2. L

ENCUESTAS

PREELECTORALES

ABLA

4: Tendencias electorales en Nicaragua 2006

(candidato a presidente)

Partidos y

coaliciones

Borge &

Asociados

4/8/06

Cid-Gallup

29/8/06

Borge &

Asociados

24/10/06

Cid-Gallup

26/10/06

Borge &

Asociados

27/10/06

Promedio

FSLN

/Ortega

31.40%

29.00%

30.00%

33.00%

34.40%

31.56%

ALN

Montealegre

29.10%

23.00%

22.40%

22.00%

23.40%

23.98%

PLC

/ Rizo

15.70%

14.00%

14.60%

17.00%

19.30%

16.12%

MRS

/Jarquín

15.20%

14.00%

10.10%

13.00%

10.50%

12.56%

/Pastora

1.10%

1.00%

0.40%

1.00%

0.80%

0.86%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 4 se muestra un esquema de los resultados de las encuestas

realizadas por dos empresas privadas, Borge y Asociados, y Cid & Gallup,

entre agosto y octubre de este año. De ellas, así como de las demás encues-

tas que se divulgaban en las jornadas previas a las elecciones, se podían

extraer como conclusiones: 1ª) que el candidato del

FSLN

lideraba indiscu-

tiblemente las encuestas de intención de voto, manteniendo en todo mo-

mento un porcentaje superior al 30% o, en todo caso, con una diferencia

de al menos 6 puntos porcentuales respecto a su oponente más próximo;

2ª) que Montealegre experimentaba una tendencia a la baja entre agosto

y octubre, en las encuestas reﬂejadas en la tabla 3 pasó del 29.10% en

agosto a 23.00% en octubre; 3ª) que el candidato del

PLC

, Rizo, presentaba

una tendencia irregular, pero al alza; y 4ª) que los candidatos de

MRS

mantuvieron una tendencia a la baja.

Los resultados de estas consultoras, sin embargo, dejaban dudas en

relación con la necesidad de celebración de una segunda vuelta. La duda

se debía al alto porcentaje de indecisos, entre el 8% y el 9%, cuya deci-

sión sin duda iba a ser determinante, no tanto en el resultado en primera

vuelta como en el porcentaje de votos con que Ortega la ganaría. Por

tanto, quedaba sin resolver la determinante cuestión de saber si ganaría

en primera vuelta, si los votos de los indecisos se decantaban por él, como

136

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

parece que ﬁnalmente sucedió, o, por el contrario, determinar una segunda

vuelta, si esos votos se canalizaban hacia el

MRS

, en caso de que fueran

votos de castigo. Y todo ello sin valorar el posible abstencionismo elevado,

probabilidad que sin embargo no se conﬁrmó, puesto que la participación

ciudadana fue muy elevada, superior al 61%.

En cuanto a la distribución geográﬁca de la intención de voto, según

la encuesta de la consultora M & R efectuada entre los días 19 y 22 de

octubre, realizada a nivel nacional con datos desagregados por zonas, los

resultados son los que se indican en la tabla 4:

ABLA

5: Distribución geográﬁca de la intención de voto

FSLN

ALN

PLC

MRS

Indecisos

Zona metropolitana

28.8%

21.3%

15.2%

25.3%

0.5

8.8

Zona urbana

31.6%

26.0%

14.5%

19.0%

0.6

8.3

Zona semirrural

36.1%

26.9%

19.2%

9.1%

0.3

8.3

Zona rural

36.8%

22.9%

22.2%

8.9%

1.0

9.2

Total general

33.8%

25.4%

17.1%

14.8%

0.6

8.2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta de M&R.

Tales resultados sugerían que: 1º) el

FSLN

tenía su mayor cuenca de votos

en las zonas metropolitana, semirrural y rural, donde supera ampliamente

ALN

; 2º)

ALN

tenía una buena intención de voto en la zona metropolitana;

3º) el

PLC

tenía su mayor caudal de intención de voto en el área rural, si-

tuación que quedó evidenciada en las elecciones regionales de Nicaragua,

efectuadas el 5 de marzo, donde logró 36,891 votos; el

FSLN

25,190;

YATAMA

14,938;

ALN

8,520; y

MRS

2,675 votos, entre otros participantes.

El 1 de noviembre se dieron a conocer los resultados de otra encuesta,

realizada por la

UCA

(Universidad Católica de Managua, universidad je-

suita), el

Nuevo Diario

, Canal 10 y la Cámara de Comercio de Nicaragua,

es decir, cuatro entidades con intereses distintos y sin ﬁliaciones parti-

distas, lo que la hacía particularmente creíble para la opinión pública.

Según esta encuesta de intención de votos urbanos y semirrurales, el

Frente Sandinista resultaría ganador en primera vuelta. Los principales

sesgos de esta encuesta eran, en primer lugar, el porcentaje de indecisos,

que alcanzaba el 12%, lo cual podía inclinar la balanza a favor de cual-

quiera de los tres grandes partidos en contienda; y, en segundo lugar, por

el hecho de no medir el voto plenamente rural, donde tradicionalmente

137

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

el Partido Liberal Constitucionalista basa su fortaleza y podía seguir

captando votos a pesar del desgaste de cinco años de gobierno. (De he-

cho, durante los dos primeros días que siguieron a la votación, el

PLC

resistió a aceptar los resultados preliminares que concedían la victoria

FSLN

, amparándose en que los votos pendientes de recuento eran, pre-

cisamente, los de las zonas rurales, y alertando de que venía en camino

“el tsunami rojo”, reﬁriéndose al aluvión de votos rurales al

PLC

, partido

cuyo color es el rojo.)

3.3. L

VULNERACIÓN

DEL

SILENCIO

ELECTORAL

El Art. 97 de la Ley Electoral establece tres jornadas de reﬂexión (en la

terminología electoral de España) previas a la votación, o de silencio elec-

toral en su propia terminología. Durante el periodo de silencio electoral los

partidos deben cesar toda actividad de la campaña electoral, y también, los

medios de comunicación, deben suprimir la propaganda electoral 72 horas

antes de las elecciones, limitándose, en su labor informativa con respecto

a las votaciones, a difundir la información acerca de los procedimientos

para ejercer el derecho del sufragio.

Sin embargo, varios medios de comunicación infringieron el periodo de

silencio electoral, emitiendo canciones de campaña (Canal 4

y La Nueva

Radio Ya), tertulias de expertos en los que analistas hicieron campaña a

favor de una u otra opción política (Canal 2, Canal 8 y Canal 10), y publi-

cando artículos de opinión claramente a favor de una opción política (

Prensa

El Nuevo Diario

Como tendremos ocasión de reiterar más adelante, al analizar la labor

de las distintas Misiones de Observación Electoral (en adelante,

MOE

), la

infracción del silencio electoral ha sido una de las críticas más resaltadas

por los observadores, especialmente internacionales.

3.4. L

INJERENCIA

EXTRANJERA

Junto con la quiebra del silencio electoral, la injerencia extranjera ha sido

la segunda nota negativa que las Misiones de Observación Electoral se

manifestaron con más énfasis respecto de este proceso electoral. En efecto,

la campaña electoral, que despertó un enorme interés a nivel internacio-

nal, se vio afectada por injerencias y presiones externas, que conculcan el

principio de soberanía nacional.

138

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

Por una parte, el candidato de

ALN

, Montealegre, quien ha sido acusado

de estar apoyado por los Estados Unidos, donde ha vivido siempre hasta

que se aﬁncó en Nicaragua hace siete años, denunció que Hugo Chávez

estaba inmiscuyéndose en el proceso electoral nicaragüense “usando los

recursos del petróleo para inﬂuenciar y hasta comprar la voluntad de los

nicaragüenses a favor de Daniel Ortega”, y que “Chávez está regalando el

30% de la urea (fertilizante) que consume este país en un periodo de cua-

tro meses para distribuirla y regalarla a través de alcaldías sandinistas”.

Pero lo que es indiscutible es la intervención en la campaña de funcio-

narios del Departamento de Estado y del Congreso de Estados Unidos, y

de la propia Casa Blanca que repitió en diversas ocasiones a lo largo de la

campaña un mensaje de amenaza para el caso de que ganase las elecciones

el candidato del Frente Sandinista, incluso amenazando con promover un

embargo de las remesas de los emigrantes nicaragüenses en Estados Uni-

dos si Ortega resultaba ganador.

El Departamento de Estado, a través del portavoz de Condoleezza Rice,

Sean McCormack, declaró el jueves 2 de noviembre que Estados Unidos no

trata de “inﬂuir en la opinión ni tomar posición” en las elecciones, pero

recordó que los cambios en las políticas de sus socios “se toman en cuenta”

para la asignación de ayuda exterior.

Por su parte, el embajador estadunidense en Managua, Paul Trivelli,

quien mostró a lo largo de la campaña su respaldo pleno a Montealegre,

e incluso a Jarquín, del

MRS

, en una entrevista para la

BBC

se reﬁrió a la

posibilidad de que ganase Ortega en los siguientes términos: “Sería una

tragedia para Nicaragua si las elecciones suponen una regresión. Todos

los países de Centroamérica se verían afectados, sus avances por el libre

comercio y todos los demás avances que han hecho.”

Destacaremos, como último ejemplo, la reaparición del coronel retirado

estadunidense Oliver North, cabeza operativa del tráﬁco secreto de armas

a Irán implementado por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) para

ﬁnanciar a “la contra”

nicaragüense. North visitó el país con el objetivo

de recordar a los ex-contras contra quién debían enfocar su participación

electoral, se entrevistó personalmente con el candidato del

PLC

, José Rizo,

y declaró que el triunfo del sandinismo “sería lo peor para Nicaragua”.

139

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

4. L

JORNADA

ELECTORAL

4.1. T

RANSCURSO

JORNADA

ELECTORAL

La participación fue masiva y las votaciones se desarrollaron en un am-

biente de tranquilidad, sin que se registraran incidentes que pudieran in-

dicar que hubiese condicionantes o interferencias en el libre ejercicio el

derecho al sufragio activo. Se constató la presencia en todas las mesas de

ﬁscales de los cinco partidos que se presentaban a las elecciones; el respeto

a los procedimientos establecidos para el ejercicio correcto del sufragio; y

el respeto al secreto del voto, que se garantizó mediante cabinas portátiles

en cada

JVR

. Hay que destacar también la ayuda recibida por las personas

discapacitadas para facilitarles su derecho al voto, a través de voluntarios

en todos los centros electorales visitados. Asimismo, la tranquilidad del

proceso se veía reforzada por la presencia del llamado “policía electoral”,

que eran los encargados de la seguridad en cada una de las mesas y que

estaba compuesta igualmente por voluntarios.

Los ciudadanos nicaragüenses, como ya se ha señalado, votaban en

estas elecciones presidenciales y legislativas de 2006: presidente y vice-

presidente, para lo cual se empleaba una papeleta con una franja de color

azul; diputados en carácter nacional, a los que les correspondía una pape-

leta con franja color café; diputados por circunscripción departamental o

regional, en cuyo caso la franja era de color gris; y por último, diputados

al Parlacén (franja negra). Esta multiplicidad de papeletas, así como la aﬁ-

nidad de colores de algunas de ellas, ralentizaba el proceso de votación.

Otro elemento que redundaba en el lento desarrollo de las votaciones

era la identiﬁcación de los electores. La comprobación de la identidad de

los electores en las Juntas Receptoras de Votos se hacía mediante padrón

fotográﬁco, elaborado y remitido por el

CSE

a partir de las cédulas de

identidad.

El padrón contiene: el número de la Cédula, el nombre y apellidos a

favor de quien se expide, el sexo, la dirección de su domicilio, la fecha de

expedición de la Cédula y la fecha de expiración (Art. 32, Ley Electoral).

La inscripción de un ciudadano en el padrón se realiza automáticamente

en el momento de expedición de su cédula de identidad, asignándole la

JRV

que le corresponde en función de su domicilio. En caso de cambio de

domicilio, se debe solicitar el procedimiento de reposición de la Cédula en

el Registro Civil del

CSE

, para que se le otorgue una cédula con la nueva

140

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

dirección. Según establece el Art. 41 de la Ley Electoral, si un votante no

encuentra su nombre en el padrón de la mesa correspondiente a su domi-

cilio habitual, pero tiene su cédula de identidad correctamente expedida

que prueba su residencia, la

JRV

es competente para autorizarle a emitir su

voto, haciéndolo constar como incidencia en el acta.

Como ya se ha señalado anteriormente, el padrón electoral deﬁnitivo

ascendía a 3,665,141 votantes, de lo cuales ejercieron su derecho el día

de noviembre un total de 2,224,215 nicaragüenses. En cuanto al cierre

y recuento de las papeletas, se desarrollaron sin incidentes y de forma

pacíﬁca, aunque también muy lentamente, debido en buena medida a

la confusión que provocaban, por su similitud, los colores de las cuatro

papeletas.

La lentitud fue también la nota que marcó la presentación de los infor-

mes con los datos preliminares del escrutinio por parte del

CSE

. Así, el pri-

mer informe no tuvo lugar hasta la 1:30 de la madrugada, ya del día 6 de

noviembre (siendo la jornada el 5 de noviembre), todavía con sólo el 2.8%

de las

JRV

escrutadas. De hecho, los resultados deﬁnitivos con el 100% de

las

JRV

escrutadas no se hicieron públicos hasta el 14 de noviembre, y la

proclamación de electos por el

CSE

de los hasta entonces candidatos a la

presidencia y vicepresidencia tuvo lugar el 22 de noviembre.

4.2. L

OBSERVADORES

ELECTORALES

Estas elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua 2006 han sido

caliﬁcadas por los medios de comunicación como las elecciones más ob-

servadas, con más de 13,000 observadores nacionales y alrededor de mil

internacionales. No es de extrañar, dado el interés que suscitaban tanto

dentro como fuera del país, debido a que las encuestas daban como gana-

dor a Daniel Ortega 16 años después, y al clima de tensión creado por los

candidatos liberales durante toda la campaña.

Respecto de la observación nacional,

es necesario destacar la movili-

zación de las fuerzas liberales y conservadoras del país en la articulación

de misiones de observación o en el apoyo legitimatorio de las existentes.

Sensu contrario

, destaca la ausencia de estrategia del Frente y de posicio-

nes progresistas en el mismo ámbito. Todo indicaba que, de producirse un

resultado ajustado, la observación nacional mayoritaria hubiera defendido

las posiciones liberales.

Desde todos los puntos de vista la organización Ética y Transparen-

141

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

cia (www.eyt.org.ni/) fue la misión nacional más importante. Con 11,200

observadores desplegados por todo el territorio del país, conseguía tener

prácticamente un observador en cada mesa (recordemos que en total había

11,274

JRV

, ver tabla 1). Esta organización, ﬁlial nicaragüense de Transpa-

rency International (http://www.transparency.org/), desarrolló su propio

sistema de conteo rápido, en paralelo al oﬁcial del

CSE

, pero sin haber

remitido a este órgano las reglas y metodología del recuento que iban a

realizar. Los resultados de este escrutinio extraoﬁcial acabaron por ser la

avanzadilla de los resultados oﬁciales, coincidiendo en todas las tenden-

cias con los ﬁnalmente proporcionados por el

CSE

. No es de extrañar su

grado de acierto, dada la abundancia de observadores con que contaban,

ni tampoco que su recuento fuera mucho más rápido que el oﬁcial, al estar

exento de todos los ﬁltros y veriﬁcaciones con que cuenta el sistema de

escrutinio realizado en el Centro Nacional de Cómputos, tal como se ha

explicado anteriormente.

Junto a Ética y Transparencia, otras organizaciones nacionales tuvieron

una presencia signiﬁcativa en los comicios: el Instituto para el Desarro-

llo y la Democracia, Ipade (http://www.ipade.org.ni/), el Movimiento por

Nicaragua (http://www.mpn.org.ni/), Hagamos Democracia (http://www.

hagamosdemocracia.org/) y el Consejo Nacional de Universidades, cnu

(http://www.cnu.edu.ni/), que también realizó su propio conteo rápido

pero, a diferencia de Ética y Transparencia, sí remitió su metodología de

recuento al

CSE

; y, a pesar de ello, se abstuvo de dar resultados con carácter

previo a los oﬁciales tal y como requirió la autoridad electoral.

Respecto de la observación internacional, es de destacar la constatación

del cambio lento que se venía experimentando en los procesos electorales

precedentes, y que puede resumirse en una pérdida de la capacidad de

injerencia de los Estados Unidos provocada, en buena medida, por la con-

solidación de la observación electoral internacional plural. Lo cual ha sido

particularmente llamativo por la creación de una misión especíﬁca dirigida

por el gobierno de Estados Unidos desde su embajada, y el aislamiento ab-

soluto de la misma a la hora de valorar el proceso como poco conﬁable.

En cuanto a la Misión de Observación Electoral de la Organización de

los Estados Americanos,

OEA

(www.oas.org/), con 183 observadores des-

plegados, debe enfatizarse que fue la primera misión que reconoció la

limpieza de los resultado (11:00 horas del día 6 de noviembre), en concreto

a través del jefe de la misión, Gustavo Fernández, quien declaró que la

votación había sido “pacíﬁca, masiva, ordenada y ajustada a la ley”. En el

142

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

mismo sentido, el actual presidente de la

OEA

, José Miguel Insulza, declaró

desde la reunión de la Internacional Socialista que se celebraba en las mis-

mas fechas en Santiago de Chile, que estaba satisfecho con el desarrollo

de la votación.

Es de destacar igualmente la labor realizada por la Misión de Obser-

vación Electoral de la Unión Europea (http://www.eueom-nic.org/report

es?idsubseccion=15), con 150 observadores desplegados, por su claridad

en la valoración de las elecciones y en la denuncia de la injerencia de los

Estados Unidos en el proceso electoral nicaragüense. En su primera comu-

nicación el día siguiente de las elecciones, el jefe de la misión (primera

intervención 17:30 horas del día 6 de noviembre) destacó la actitud pací-

ﬁca del pueblo nicaragüense durante las votaciones y el formidable papel

de la sociedad civil nicaragüense, resaltando el elevado índice de parti-

cipación como indicador de su compromiso con la democracia; criticó la

falta de contenidos políticos de la campaña electoral, que estuvo llena de

descaliﬁcaciones personales; resaltó la lentitud en el suministro de datos

oﬁciales del escrutinio; denunció el elevado grado de politización del

CSE

a favor de los dos partidos históricos; y, como ya hemos dicho, destacó la

injerencia de actores extranjeros durante la campaña, manifestación que

llegó a concretar apuntando expresamente a los Estados Unidos.

Por último, es preciso referirse a la actuación llevada a cabo por la

Misión de Observación Electoral del Centro Carter, centro sobre el que pla-

nean ciertas sospechas de inﬂuenciabilidad estadunidense. En Nicaragua el

Centro Carter se presentó con un perﬁl más alto de lo habitual, incluyendo

en su delegación junto al expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter,

al expresidente peruano Alejandro Toledo y al expresidente de Panamá,

Nicolás Ardito Barletta. A la sazón, y como viene siendo habitual, el cuer-

po de su delegación estaba compuesto por una mayoría de miembros no

cualiﬁcados en materia electoral. El papel relevante de la misión se ma-

nifestó antes, durante y en el mismo día de las votaciones; Carter solicitó

entrevistas con todos los candidatos, pero precisamente el mismo día de

las votaciones por la mañana, con siete horas hasta el cierre de los colegios

electorales, Carter se entrevistó con el candidato liberal de la

ALN

, Mon-

tealegre, apareciendo conjuntamente en público ante todos los medios de

comunicación. En lo referente a la valoración de su actuación especíﬁca

como misión de observación, cabe resaltar que durante los días previos a

la votación no cesaron de hacer declaraciones haciendo saltar falsas alar-

mas sobre la limpieza del proceso electoral y poniendo de maniﬁesto su

143

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

preocupación ante supuestas fallas democráticas que iban a comprometer

seriamente los resultados. Finalmente, y ante las innegables condiciones

de limpieza y tranquilidad con que transcurrió la jornada electoral, el

Centro Carter en sus informes poselectorales no tendría más remedio que

declarar su conformidad con el proceso electoral y su aceptación de los

resultados (www.cartercenter.org/).

3. R

ESULTADOS

ELECTORALES

27,11

37,99

28,30

0,29

6,29

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,00

Partidos

Porcentajes

Gráfico 1: Presidente y Vicepresidente

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oﬁciales del

CSE

, con el 100% de las Juntas Recep-

toras de Votos escrutadas, 27/11/06.

144

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oﬁciales del

CSE

, con un 100% de las Juntas Receptoras

de Votos escrutadas (últimos datos proporcionados en el website del

CSE

, 27/11/06).

26,46

37,90

26,66

0,55

8,42

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,00

Partidos

Porcentajes

Gráfico 3: Diputados Departamentales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oﬁciales del

CSE

, con un 100% de las Juntas Recepto-

ras de Votos escrutadas (últimos datos proporcionados en el website del

CSE

, 27/11/06).

26,47

37,59

26,72

0,54

8,69

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

Partidos

Porcentajes

Gráfico 2: Diputados Nacionales

145

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

Gráfico 4: Distribución de escaños

2 6

3 8

2 3

PLC

(25+1)

FSLN (38)

ALN (22+1)

MRS (5)

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones del

CSE

, con el 100% de las

JRV

escrutadas.

26,51

37,70

26,87

0,58

8,35

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

P artido s

P o rc entajes

Gráfico 5: Diputados Parlamento Centroamericano

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oﬁciales del

CSE

, con un 100% de las Juntas Receptoras

de Votos escrutadas (últimos datos proporcionados en el website del

CSE

, 27/11/06).

146

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

6. I

NTERPRETACIÓN

LOS

RESULTADOS

ELECTORALES

6.1. E

LECCIONES

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

EPÚBLICA

Para una mejor comprensión de las elecciones a la Presidencia y Vice-

presidencia de la República, debemos considerar al pacto constitucional

realizado en el año 2000 entre el entonces presidente, Arnoldo Alemán,

del Partido Liberal Constitucional y el

FSLN

, por el cual distribuyeron la

presencia bipartidista en los poderes del Estado, pacto que se formalizó

mediante una reforma constitucional. Fruto de aquel pacto, entre otros, fue

la reforma de la normativa electoral, por la que un candidato presidencial

puede ganar las elecciones en una primera vuelta en dos casos: a) si obtie-

ne más del 40% de los votos; b) si consigue el 35% con una diferencia de

cinco puntos porcentuales sobre el segundo más votado.

Como se observa en el gráﬁco 1, el expresidente y candidato del Fren-

te Sandinista de Liberación Nacional obtuvo más del 35% de los votos

(37.99%); y su principal contrincante, Eduardo Montealegre, de la Alianza

Liberal Nicaragüense (

ALN

), menos del 30% (28.30%); en consecuencia, la

diferencia entre ambos candidatos (9.69%) fue suﬁciente para que el

FSLN

se alzase con la victoria en una primera vuelta.

Antes de la predicha reforma, la victoria en primera vuelta se obtenía

con el 45% de los votos. Para la mayoría mediática, en 2000 y ahora, esa

reforma estaba hecha a la medida de Ortega, quien había sido incapaz

de vencer en dos elecciones presidenciales sucesivas, perdiendo ambas a

manos de los liberales. Sin embargo, la reforma no le sirvió para ganar las

elecciones de 2001, en las que fue rotundamente derrotado por Enrique

Bolaños, del Partido Liberal Constitucional. Así, Daniel Ortega se presentó

a las elecciones de 2006 tras tres derrotas consecutivas en otras tantas

elecciones presidenciales (1990, 1996 y 2001).

A la luz de estos datos y desde la estricta perspectiva cuantitativa electoral,

el candidato del partido liberal tradicional, José Rizo, y el candidato del nuevo

partido liberal, Eduardo Montealegre obtuvieron el 55.41% (27.11% + 28.30%);

Constitución de Nicaragua, Art. 147: “Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República los

candidatos a tales cargos deberán obtener como mayoría relativa al menos el cuarenta por ciento de los

votos válidos, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento

de los votos válidos superen a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia míni-

ma de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje para ser electo,

se realizará una segunda elección únicamente entre los candidatos que hubiesen obtenido el primero y

segundo lugar y serán electos los que obtengan el mayor número de votos.”

147

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

por su parte, si sumamos los votos del

FSLN

junto con los del candidato de la

escisión sandinista Edmundo Jarquín (del Movimiento Renovador Sandinista)

obtuvieron el 44.28% (37.99% + 6.29%). Sin embargo, un análisis cualitativo

de la formación de las distintas candidaturas y el desarrollo de la campaña,

imposibilita considerar que la presencia de una candidatura por segmento

ideológico hubiese sido posible; igualmente imposibilita creer que, de haberse

producido, el sumatorio hubiese sido equivalente al conseguido por separado.

Efectivamente, la escisión sandinista se produce después de que el

FSLN

y el

MRS

hubiesen concurrido conjuntamente en las dos elecciones presi-

denciales precedentes, siendo elementos consustanciales las deserciones y

expulsiones de miembros históricos del Frente, con trasvase hacia el

MRS

parte determinante en la opción electoral. Igualmente, ha resultado deter-

minante en la conﬁguración del escenario electoral la estrategia determi-

nada del

MRS

durante la campaña de obtener votos exclusivamente sobre

el desgaste del Frente: apelando a la corrupción histórica y presente del

Frente en la reforma, al corrimiento desde posicionamientos tradicionales

hacia el pragmatismo electoral, así como al entendimiento con los liberales

desde la reforma de 2000.

En el lado liberal, el surgimiento del liderazgo de Montealegre ha pro-

vocado la emergencia como segunda fuerza del país de un movimiento

previamente inexistente: la Alianza Liberal Nicaragüense. Dicho candida-

to, por el que apostó decididamente Estados Unidos, consiguió entender

y capitalizar la crisis del

PLC

. Esta crisis en buena medida trae causa del

lastre de la mala gestión y corrupción de la administración de Arnol-

do Alemán (1996-2001), la cual se manifestó en su máximo esplendor

durante la legislatura anterior, llevando al propio líder a ser condenado

(actualmente cumple una condena de 20 años de prisión en régimen de

arresto domiciliario por diversos actos de corrupción y tiene abierto un

proceso en Panamá —que se encuentra en estado bastante avanzado— por

blanqueo de dinero). El estado de desaliento del

PLC

hizo que los intereses

económicos nacionales y los político-económicos estadunidenses inventa-

ran el liderazgo de Montealegre. El miedo a la alternativa del Frente entre

el voto conservador y un segmento signiﬁcativo del moderado, junto con

las injerencias —estadunidenses y de poderes económicos nacionales e

internacionales— azuzando dichos miedos hicieron el resto. Es necesario

recordar, como vimos en su momento, que las injerencias estadunidenses

fueron destacadas por el jefe de la misión de observación electoral de la

Unión Europea como uno de los aspectos más negativos de la campaña.

148

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

Un último dato a tener en cuenta pro futuro, es la inﬂuencia de la re-

forma del sistema electoral —disminución del umbral de elección del pre-

sidente— y constitucional —disminuyendo las competencias residenciadas

en la institución— que han coadyuvado en la postulación de candidaturas

fuertes, en resultados y en presencia electoral, frente al tradicional bipar-

tidismo.

6.2. E

LECCIONES

DIPUTADOS

SAMBLEA

ACIONAL

CIRCUNSCRIPCIÓN

NACIONAL

LAS

CIRCUNSCRIPCIONES

DEPARTAMENTALES

REGIONES

AUTÓNOMAS

Como explicación previa es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con

el Art. 132 de la Constitución de Nicaragua, en las elecciones generales

se ponen en juego 90 escaños de los 92 que componen la Cámara de Di-

putados; de esos 90, 20 diputados se eligen en la votación a la Asamblea

Nacional y los 70 restantes en las circunscripciones departamentales y

regiones autónomas. Los otros dos escaños, según lo dispuesto en el Art.

133, pasan a ocuparlos automáticamente el expresidente del gobierno de la

legislatura inmediatamente anterior (Bolaños), y el candidato a presidente

de la República en las últimas elecciones que hubiera quedado en segundo

lugar (en el caso que nos ocupa, Montealegre, candidato por

ALN

Así, los resultados (ver gráﬁcos 2, 3 y 4) arrojan el siguiente resultado:

FSLN

= 38;

ALN

= 23 (22 + 1 de Montealegre en su condición de candidato

posicionado en segundo lugar);

PLC

= 26 (25 + 1 de Bolaños en su condi-

ción expresidente de la República);

MRS

= 5.

La comparación de los porcentajes de voto entre todas las elecciones

disputadas son prácticamente idénticos, no superando en casi ningún caso

el medio punto porcentual. La excepción a la regla (

ALN

), tampoco resulta

signiﬁcativa, ya que simplemente obtuvo más de un punto en las presiden-

ciales (28.30%) respecto a las legislativas (26.72% diputados nacionales;

Art.

132 El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. La

Asamblea Nacional está integrada por noventa diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto

universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional. En carácter

nacional, de acuerdo con lo que se establezca en la Ley Electoral, se elegirán veinte diputados, y en las

circunscripciones departamentales y regiones autónomas setenta diputados.

Art. 133 También forman parte de la Asamblea Nacional como Diputados, Propietario y Suplente res-

pectivamente, el Ex Presidente de la República y Ex Vicepresidente electos por el voto popular directo

en el periodo inmediato anterior, y, como Diputados, Propietario y Suplente los candidatos a Presidente

y Vicepresidente de la República que participaron en la elección correspondiente, y hubiesen obtenido

el segundo lugar.

149

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

26.66% diputados departamentales). No ha habido pues, voto cruzado ni

efecto corrector: ni por la disparidad de sistema electoral, ni de composición

de la circunscripción, ni por la dispar utilidad de voto atendiendo a la con-

tienda. Lo dicho es más cierto si cabe en las elecciones a la Asamblea donde

los porcentajes a diputados nacionales y a diputados departamentales obte-

nidos por un solo partido simplemente ofrecen las diferencias centesimales

achacables a los votos anulados. La única incidencia destacable del sistema

electoral se produce entre los dos partidos liberales; así el tradicional

PLC

obtenido tres escaños más que

ALN

pese a haber obtenido menos votos ésta

(22 escaños; 26.72% diputados nacionales; 26.66% diputados departamen-

tales) y

PLC

(25 escaños; 26,47% diputados nacionales; 26.46% diputados

departamentales). Dicha disparidad se debe a la combinación del sistema

electoral explicado y a la concentración de voto rural del

PLC

En cualquier caso, el resultado de las elecciones a diputados de la Asam-

blea Nacional, ha estado marcado por la fragmentación parlamentaria.

Este mayor fraccionamiento que en elecciones precedentes coincide con

el punto álgido en la política de alianzas y control de mayorías parlamen-

tarias, ello debido a la reforma constitucional. Efectivamente la necesidad

de establecer alianzas parlamentarias será más importante en la legislatura

entrante que en ninguna de las anteriores debido a que el 20 de enero está

prevista la entrada en vigor de la reforma constitucional, que debilita sen-

siblemente el régimen presidencialista fortaleciendo al Parlamento.

Entrando en la política de alianzas parlamentarias, es necesario recor-

dar que la mayoría simple se encuentra en 47 diputados (sobre un total

de 92 diputados), y la mayoría cualiﬁcada necesaria para las reformas de

mayor relevancia constitucional, y para la reforma de la propia Constitu-

ción, se sitúa en 56 diputados.

Llegados aquí, los resultados (ver gráﬁcos 2, 3 y 4) posibles eran:

FSLN

= 38;

ALN

= 23 (22 + 1 de Montealegre en su condición de candidato po-

sicionado en segundo lugar);

PLC

= 26 (25 + 1 de Bolaños en su condición

de expresidente de la República);

MRS

= 5.

Las alianzas aritméticas son:

FSLN

MRS

= 43;

FSLN

PLC

= 64;

ALN

PLC

= 49;

FSLN

ALN

= 61.

El resultante de estas cifras es que Daniel Ortega necesitaba pactar

con los liberales, tanto la política legislativa como la constitucional. Por

su parte, los liberales podían marginar al Frente de la política legislativa,

gracias al debilitamiento que sufrirá el veto presidencial (vid. infra), hasta

extremos nunca conocidos.

150

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

El mayor impedimento para que dicha posibilidad no se lleve a cabo ra-

dica en la propia pugna por el liderazgo nacional del lado liberal, liderazgo

que, pese a sus llamadas al hermanamiento liberal, pretende Montealegre

en su condición de diputado (Rizo, del

PLC

, ni siquiera será diputado su-

plente de Bolaños, por resolución del

CSE

, por haberse postulado candidato

a presidente) y candidato más votado a las presidenciales. El Frente puede

instrumentalizar los recelos del

PLC

frente a

ALN

y a los Estados Unidos por

su cambio de apoyos, manteniendo el pacto institucional ya explicado

con el

PLC

6.3. R

ELACIONES

EXTERIORES

POLÍTICA

ECONÓMICA

Para comprender la importancia extraordinaria de la política de alianzas

parlamentarias y las limitaciones de la victoria del Frente, junto con la

reforma constitucional, debemos considerar a las directrices básicas de la

política social y económica que están intrínsecamente con las relaciones

exteriores respecto a los dos modelos-bloques actualmente desarrollados

en Latinoamérica.

Según los informes del Banco Mundial, el 70% de los nicaragüenses

viven con menos de dos dólares al día, y el 35% está en la extrema miseria

con ingresos inferiores a un dólar. Además, el 13% de la población está en

paro, y el 27% está empleado en el sector informal.

El principal reto de Ortega y su principal compromiso electoral es aten-

der los acuciantes problemas sociales y revertir la realidad que sitúa a

Nicaragua como uno de los países más pobres del continente. En esa tarea

el vicepresidente económico del Frente, cuyo perﬁl y antigua adscripción

liberal ya hemos visto, considera esencial atraer la inversión privada y

generar mayores fuentes de empleo.

La primera reunión del presidente electo, tras conocerse los resultados,

fue con inversores extranjeros. El mensaje lanzado allí fue que la nueva

administración no pondrá en riesgo la participación del país en el Tratado

de Libre Comercio de América Central (

CAFTA

) con Estados Unidos, con

quien pretende tener “relaciones respetuosas”. Al mismo tiempo Ortega ha

declarado que “un elemento fundamental que tiene que ver con la política

de Estados Unidos hacia toda la región es cómo lograr que los norteameri-

canos correspondan a las decisiones que tenemos los latinoamericanos de

establecer relaciones respetuosas en el ámbito político y relaciones justas

en el plano comercial y social”. Así, formalmente, la propuesta de Ortega

151

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

pretende la cuadratura del círculo —habida cuenta de los últimos aconte-

cimientos en torno al Pacto Andino-Mercosur—: por un lado su deseo de

trabajar con el gobierno norteamericano y de respetar el acuerdo comercial

CAFTA

; pero al mismo tiempo reconociendo que su gobierno fortalecerá re-

laciones comerciales con países como Venezuela, Bolivia y Cuba.

7. R

EFORMA

CONSTITUCIONAL

Como hemos adelantado, para comprender la importancia extraordinaria

de la política de alianzas parlamentarias y las limitaciones de la victoria

del Frente Sandinista, debemos considerar el contenido básico de la re-

forma constitucional que tuvo lugar con carácter previo a las elecciones

analizadas. Junto con ella corresponde analizar la propuesta de reforma

constitucional que ya se da por hecho cierto pese a estar, al cierre de este

artículo, a escasos nueve meses de gobierno.

7.1. L

REFORMA

CONSTITUCIONAL

REALIZADA

La reforma constitucional precedente a las elecciones, esencialmente su-

puso un reforzamiento de la Asamblea. Daniel Ortega, principal promotor

de esta reforma desde la oposición, declaró de forma precipitada tras su

elección su intención de mantenerla desde el gobierno, pese a que ello

disminuya ostensiblemente sus competencias presidenciales. Con ello ha

dado un primer aldabonazo a su política de reconciliación y consenso, a la

par que ha desmentido a los medios y líderes que han venido postulando

que el

FSLN

propuso la reforma para estar en la oposición.

Entre los nuevos poderes de la Asamblea destacan:

1. “Ratiﬁcar” (Nueva redacción del Art. 138.4 de la Constitución) el

nombramiento de los ministros y viceministros de Estado y a otros al-

tos cargos: procurador y subprocurador general de la República, jefes de

misiones diplomáticas y presidentes o directores de entes autónomos y

gubernamentales. El nuevo procedimiento de nombramiento residencia

en el presidente de la República la propuesta (aunque literalmente se diga

elección), quedando en manos de la Asamblea la ratiﬁcación o veto de los

propuestos. La ratiﬁcación deberá producirse en un plazo máximo quince

días hábiles, con el voto favorable del 60% del total de diputados. De no

producirse la ratiﬁcación el presidente de la República deberá proceder

a un nuevo nombramiento dentro del plazo de 30 días hábiles, debiendo

152

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

someterse el nuevo nombramiento al procedimiento de ratiﬁcación ya

establecido.

2. “Elegir” (Nueva redacción Art. 138.9, Constitución) a otra serie de

altos funcionarios: a) al superintendente y vicesuperintendente general de

bancos y otras instituciones ﬁnancieras; b) al ﬁscal general de la Repúbli-

ca, quien estará a cargo del Ministerio Público y al ﬁscal general adjunto

de la República, quienes deberán tener las mismas calidades que se requie-

ren para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia; c) los miembros

del Consejo Superior de la Contraloría General de la República; d) al pro-

curador y subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos; e) al

superintendente y a los intendentes de Servicios Públicos; f) al director y

al subdirector del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural.

El nuevo procedimiento de elección residencia en el presidente de la

República y en la Asamblea, a la sazón, la propuesta, quedando en manos

de la Asamblea la ratiﬁcación o veto de los propuestos. A diferencia de los

ministros y altos cargos, la propuesta es mucho más diversa, extrayéndose

de listas separadas —una elaborada por el presidente y otra por la Asam-

blea— para cada cargo y previas consultas con la “asociaciones civiles

pertinentes”, por mayoría cualiﬁcada del 60% de la Asamblea Nacional.

“Rechazar” el veto del presidente a un proyecto de ley (nuevo Art.

143, Constitución), en los siguientes términos:

A partir de la entrada en vigor de la reforma, cuando un proyecto de ley

vetado, ya sea total o parcialmente, por el presidente de la República, el veto

no paralizará la iniciativa legislativa existiendo un procedimiento que dis-

ciplina la posibilidad de reactivación del mismo. En concreto, el presidente

de la República deberá fundamentar los motivos del veto y devolverlo a la

Asamblea Nacional. Ésta podrá rechazar el veto por mayoría absoluta de

diputados, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a

publicar la ley. Cuando el veto sea parcial, éste deberá contener expresión de

motivos de cada uno de los artículos vetados. La Asamblea Nacional, con la

mitad más uno de sus miembros podrá rechazar el veto de cada artículo, en

cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.

Es necesario recordar que estas reformas tenían la denominada “coli-

ta” (condición) sobre el consenso entre los poderes del Estado para poder

ponerlas en vigor; la misma fue declarada inconstitucional por la Corte

Suprema, en consecuencia, el 20 de enero de 2007 entró en vigor en virtud

de la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, Ley No. 558,

de 19 de octubre de 2005.

153

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

Junto con la reforma constitucional, entraron en vigor:

1. La Ley de la Superintendencia de Servicios Públicos, que crea una

superintendencia y cuatro intendencias: Telcor,

INE

INAA

y Atención de

Usuarios.

2. La ley creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, con

facultades omnímodas para resolver en lo administrativo con carácter de

exclusividad, todos los problemas de la propiedad urbana y rural, haciendo

desaparecer la Comisión Nacional de Revisión, las facultades sobre la pro-

piedad del Ministerio de Hacienda y las facultades sobre la Procuraduría

General de Justicia en lo que se reﬁere a la notaría del Estado.

3. La Ley Orgánica de la Seguridad Social, que contempla la creación

de un superintendente de la Seguridad Social nombrado por listas de la

presidencia de la República y la Asamblea Nacional, y además establecer

prestaciones médicas iguales a jubilados y trabajadores activos.

7.2. L

REFORMA

CONSTITUCIONAL

FUTURIBLE

Como es sabido, la Asamblea Nacional de Nicaragua creó una “Comisión

especial para elaborar el anteproyecto de reformas constitucionales”, in-

tegrada por siete diputados en reparto proporcional al pleno.

El día 2 de

octubre de 2007, el líder de la bancada sandinista dio a conocer que su

partido prepara una iniciativa de reformas constitucionales.

Oﬁcialmente, a la hora de cerrar este artículo, no existe todavía una

propuesta de reforma del gobierno, tampoco un posicionamiento claro

del resto de partidos pese a que también tienen sus propias comisiones

internas que elaboran sus propias propuestas de enmiendas. No obstante,

pueden identiﬁcarse los aspectos que se han ido ﬁltrando como, cuando

menos, objeto de discusión de cara a la reforma.

Sin duda la cuestión de la reelección presidencial es en Nicaragua,

como en un número signiﬁcado de países latinoamericanos, un tema de

la agenda de reforma, y se presenta en Nicaragua con algunos matices

respecto al debate fuera, particularmente porque se promueve en el con-

texto de la profundización en el debilitamiento de la jefatura del Estado

republicano a favor de un régimen parlamentario. De otro lado porque se

Información obtenida el 3 de octubre de 2007 en: http//:www.asamblea.gov.ni

Los puntos que se mencionan a continuación, fueron extraídos el 3 de octubre de 2007 de: http://

www.radiotrece.com.mx/2007/10/02/nicaragua-busca-reforma-constitucional/, quien a su vez lo tomó

de la agencia noticiosa

AFP

, según cable del día 2 de octubre de 2007.

154

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

plantea en un debilitamiento del Frente Sandinista, entre aquellos pocos

líderes históricos que se han mantenido junto a Ortega y los nuevos que

se han promovido desde el entorno de la mujer del presidente, que ejerce

de facto como vicepresidenta política. Es decir, que aparece como un in-

terés cupular y no una demanda social identiﬁcable, como ocurre en otros

países por la identiﬁcación de las bases con un liderazgo especíﬁco, caso

de Venezuela o Bolivia.

La reforma pasa por retocar el vigente artículo 147 de la Constitución

nicaragüense, que reza: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepre-

sidente de la República: a) el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad

la Presidencia de la República en cualquier tiempo del periodo en que se

efectúa la elección para el periodo siguiente, ni el que la hubiera ejercido

por dos periodos presidenciales; b) el Vicepresidente de la República o el

llamado a reemplazarlo, si hubiere ejercido su cargo o el Presidente en

propiedad durante los doce meses anteriores a la fecha en que se efectúa

la elección para el periodo siguiente.”

Ligada a esta cuestión, aparece la de la ampliación del mandato presi-

dencial, que actualmente es de cinco años, a seis o a siete.

En segundo lugar, como hemos adelantado, la reforma pasa por conti-

nuar el viaje hacia un sistema parlamentario. Como ya vimos en momentos

precedentes de este estudio, de acuerdo con la Constitución nicaragüense

de 1987, la forma de poder es presidencial, republicana y representativa.

Una de las tesis que se ha postulado desde el sector afín al presidente,

es la de dotar al Parlamento de facultades para elegir, por mayoría absoluta

de votos (67 votos) al jefe de gobierno o primer ministro. Sería una nue-

va ﬁgura en el ordenamiento nicaragüense, lo que supondría una vuelta

de tuerca clave hacia el modelo parlamentario. Dicha vuelta de tuerca,

permitiría a Ortega cumplir su objetivo último de mantenerse en el poder

sin necesidad de pasar por el delicado trance de reformar el mandato del

presidente. Esta estrategia implicaría lógicamente la supresión de las elec-

ciones presidenciales de 2011.

La predicha estrategia podría perfectamente entrar en un pacto dirigido,

en un primer momento, a que Ortega se postule para el Congreso. En esta

lógica, contaría con el apoyo del liberalismo tradicional del expresiden-

te Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista, y pretendería

retomar un bipartidismo (

FSLN

PLC

). Bipartidismo que como sabemos se

rompió en las elecciones presidenciales con un candidato del nuevo libe-

ralismo: Montealegre. Tanto el candidato como el partido son un invento

155

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

de Estados Unidos que, como tal, tiene una implantación muy débil en

el país, y en consecuencia, tendría una fuerza muy distinta en elecciones

presidenciales que en las parlamentarias, y en unas parlamentarias dentro

de un sistema parlamentario que en la que conformaron el parlamento ac-

tual: parlamentarias en sistema presidencial con coincidencia de campaña

y fechas en la elección.

Después de las elecciones, la estrategia de Eduardo Montealegre ha

sido deshojar la margarita hasta las nuevas elecciones, postularse como

segunda fuerza y única alternativa al dar por difunto al

PLC

. Pero aparte

de las debilidades de Montealegre, que es básicamente vendedor de humo

y de la receta que llevó a Nicaragua donde está, la realidad juega en su

contra. Su imagen y su discurso sirven para los fogonazos de la campaña

corta e intensa, no para fajarse en la vida parlamentaria durante años. Por

otra parte, y esto es más importante, el

FSLN

y el

PLC

hace algún tiempo que

decidieron que era mejor partir la tarta que arriesgarse a no tener nada.

Por todo ello, no es de extrañar que el opositor más acérrimo a este plan

de reforma sea el excandidato presidencial en las elecciones de 2006 y

paladín del sector más conservador de la fragmentada derecha local.

Conviene ﬁnalmente recordar que la reforma constitucional debe ser

aprobada en dos legislaturas, con elecciones dividiendo el Parlamento

que la inicia del que la culmina, por un mínimo de 56 de los 92 votos del

Congreso,

los cuales pueden ser reunidos fácilmente conforme al pacto

La Voz del Sandinismo

, extraído el 3 de octubre de 2007 de: http://www.lavozdelsandinismo.com/

nicaragua/2007-10-02/parlamentarismo-nueva-palabra-de-orden-en-nicaragua/

La Constitución prevé en sus artículos 191 al 195 la reforma de la misma: Art. 191.- La Asamblea

Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y

resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma.

La iniciativa de reforma parcial corresponde al Presidente de la República o a un tercio de los diputados

de la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los diputados de la Asamblea Nacional.

Art. 192.- La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con

expresión de motivos; deberá ser enviada a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor

de sesenta días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de

la ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas.

Arto. 193.- La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites ﬁjados en el artículo anterior, en

lo que sea conducente a su presentación y dictamen.

Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional ﬁjará un plazo para la convocatoria de

elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la

instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en

vigencia la presente Constitución.

Art. 194.- La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del 60 por ciento de los

diputados. En caso de aprobación de la iniciativa de reforma total se requerirá los dos tercios del total

de los diputados. El Presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá

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R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

político que se mantiene en el plano legislativo, con los 40 diputados san-

dinistas y los 25 legisladores liberales.

8. C

ONCLUSIONES

Las elecciones en Nicaragua pusieron de maniﬁesto, nuevamente, la vo-

luntad de cambio de Latinoamérica. El Frente Sandinista, en principio y

a pesar de las transas históricas que hemos comentado, representaba el

cambio político. Sería quizá más preciso decir que se identiﬁcaba como

cambio. Un indicador de dicho cambio fue, sin duda, la expresión de la

mayoría durante las elecciones y tras el triunfo electoral. Otro indicador,

más ﬁable, por ser menos volátil y maleable que la población, fue la ex-

presión de las fuerzas reaccionarias frente al cambio. Éstas, nacionales e

internacionales, políticas, económicas y mediáticas, azuzaron el miedo

como si nada hubiese cambiado desde la salida del primer Frente.

Las manifestaciones de las fuerzas contra el cambio se llevaron cierta-

mente al plano electoral. Ahí se observó que los riesgos del fraude electoral

siempre están presentes, pero progresivamente se van cerrando los frentes.

Esta progresión podría resumirse en la siguiente regla: cuanto mayores

sean la pluralidad de la observación electoral internacional y la implanta-

ción del partido que representa el cambio, menores son las posibilidades de

fraude electoral y de deslegitimación mediática de los resultados. Además

de estas dos variables, en Nicaragua se da la peculiaridad de que las tran-

sas y cuoteo del Frente con los liberales le hicieron tener posiciones hasta

en el máximo órgano electoral.

Sin embargo, visto lo visto, la virulencia de las fuerzas contra el cambio

no parecen justiﬁcarse, salvo si se estima que: Montealegre era todavía

menos cambio y más servilismo que este Frente; que en política inter-

nacional el Frente podría ser, al menos en algunos casos, un voto “boli-

variano”; y si se asume, como es obvio, que la inteligencia reaccionaria,

formal y material, ya sabía que el Frente segundo no era lo que era, evitar

su acceso a la presidencia, retrasaría otro mandato al Frente y retrasaría la

creación de un Frente auténtico.

Esta realidad encuentra refrendo en la reforma constitucional, la última

y la prevista.

ejercer el derecho al veto.

Art. 195.- La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido

para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas.

157

I U S 2 1

P R I M A V E R A

2 0 0 8

La reforma constitucional apoyada por el Frente Sandinista, con ca-

rácter previo a las elecciones que le dieron el segundo triunfo electoral en

su historia, maniató parcialmente a Daniel Ortega, por eliminar el sistema

presidencialista y tornarlo en uno semipresidencialista. La apuesta por

dicha posición denunció varias cosas de importancia variable. De forma

sustantiva supuso constitucionalizar la estrategia sandinista de alcanzar

las mayores cuotas de poder de forma estructural. Dicha estrategia vino

provocada por las sucesivas pérdidas en la elección presidencial y la nega-

tiva de la cúpula de Ortega de abrir paso a otras generaciones.

La predicha estrategia llevaba implícita el abandono de la materia del

proyecto sandinista tradicional; la histórica renuncia se acució, afectan-

do también al discurso, durante la campaña electoral. El colofón de ese

abandono sería el apoyo a la reforma restrictiva de la histórica ley del

aborto nicaragüense pocas fechas antes del lanzamiento de la campaña y

siguió con el abandono de los símbolos durante la campaña. El gobierno

conformado y los meses de gobiernos que se han vivido hasta octubre de

2007 certiﬁcan lo peor: Ortega, su señora, y la cúpula sandinista que se ha

plegado al predicho proceso, quieren gestionar el poder y no como antaño

transformar la realidad que ahoga al débil. En este contexto cuadra perfec-

tamente la reforma constitucional que se está barajando: pérdida de poder

institucional a favor de los liberales a cambio de mantenerse en el poder.

Situados ahí, han decidido, no sin razón, que la forma menos costosa de

hacerlo es transitar hacia el parlamentarismo, con independencia de que

se ampliaría el mandato presidencial si se pudiese.

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